Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco

5 ene 2008 .- Lo dicho. Mientras los legisladores de todos los partidos concentraban todas sus fuerzas en la discusión de una reforma electoral, los problemas centrales del país se dejaron a un lado. Por eso a nadie debe extrañar que de manera tardía pretendan reaccionar a lo que ya es un hecho: un inicio de año que presagia golpes importantes al bolsillo de los mexicanos y, en particular, al campo que, como han dicho sus productores, no aguanta más.

En diversas ciudades se han registrado ya incrementos en las tarifas del transporte público con el pretexto de un aumento a la gasolina que apenas entrará en vigor. Además, de manera unilateral, en algunas regiones, la tortilla se vende más cara sin que hasta ahora el gobierno haga nada para evitar estas decisiones, en un contexto en el que el salario mínimo sólo subió 4% (dos pesos en promedio) frente a un incremento previsto de 20% de la canasta básica.

Pero el tema más grave y largamente anunciado lo constituye, sin duda, la apertura total a las importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar, como consecuencia de lo establecido en un TLC que pocos beneficios le ha dejado a nuestro país.

Por eso, sorprenden las declaraciones del titular de la Sagarpa al señalar que México está preparado para esta liberalización y que la renegociación de este capítulo del TLC no forma parte de las demandas de las organizaciones campesinas. Nada más lejos de la verdad. En primera, porque desde hace años, previendo esta situación, un numeroso grupo de organizaciones han exigido la exclusión del maíz y el frijol de este proceso total de apertura por la sencilla razón de que compiten en condiciones totalmente desventajosas con relación a sus contrapartes.

Este planteamiento tiene sustentos muy sólidos, sobre todo si se considera que nuestros socios comerciales son particularmente proteccionistas con relación a ciertos productos bajo la lógica de garantizar su soberanía alimentaria y seguridad nacional.

El proceso que se inició este 1 de enero constituye, sin duda, el último capítulo de la guerra desatada contra la agricultura campesina que se inició hace dos décadas, a la vez que un paso más en la consolidación de un modelo agroalimentario y comercial que responde a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, y que sólo ha dejado pobreza y migración en el medio rural mexicano.

Solamente un reducido sector de grandes productores y exportadores (tal vez a ellos se refiera el flamante secretario) ha incrementado sus ganancias, mientras que la mayoría de los campesinos han tenido que buscar nuevos horizontes para poder subsistir. Han sido las remesas las que han mantenido una buena parte de las familias, situación que se vuelve más crítica con el endurecimiento de las medidas antimigratorias en Estados Unidos.

Las asimetrías son contundentes: a un productor mexicano de maíz le cuesta 300 veces más producir una hectárea que a un norteamericano, sus rendimientos son inferiores, y recibe un promedio de 770 dólares al año de subsidios frente a los 20 mil que obtiene su homólogo. En la misma condición se encuentran los productores de frijol que, de acuerdo con declaraciones de sus dirigentes, esta circunstancia lo único que va a provocar es la caída de la producción nacional y una mayor migración de las entidades que dependen fundamentalmente del campo.

Si no se resuelve esta posición desigual, si el medio rural no se convierte en una prioridad y se reformula con ello el modelo seguido en los últimos años, si no se exige por parte del gobierno una revisión de aspectos del TLC que han resultado lesivos, difícilmente se resolverá la condición de pobreza en la que viven millones de mexicanos.

Urge pues un escrutinio a fondo. Se requiere conformar un nuevo pacto social para el campo mexicano, que implique la conformación de nuevas vías de desarrollo, equitativas y sustentables. Urge también poner por delante la soberanía y el interés nacional. Pero para ello se requiere un poco de autonomía y dignidad.

Ser… o neceser

La Suprema Corte ha señalado que le dará prioridad al recurso de inconstitucionalidad relacionado con el aborto, en medio de una ofensiva mediática contra este derecho a decidir de las mujeres por parte de la comisión encargada precisamente de defender nuestros derechos. Vaya paradoja.

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